El Perú ingresará en una semana a un año crucial, por su naturaleza electoral, y por los múltiples desafíos que la nueva gestión de gobierno tendrá que emprender. En un país con una educación de ínfimo nivel, con un sistema de salud que no es capaz de atender siquiera las urgencias básicas, no debe dejar de llamar la atención que el principal problema a resolver sea el de la inseguridad ciudadana.

Lo visto hasta hora en la campaña es más de lo mismo. Posturas radicales, lugares comunes, peroratas improvisadas y hasta propuestas sin sentido (Ronald Atencio ha planteado la creación de un “comando de aniquilamiento”) dejan en la atmósfera severas dudas de que exista, entre 36 candidaturas, siquiera una que contenga un plan específico, bien elaborado, con estadísticas, data y una estrategia consolidada a ejecutar desde el día uno.

En estos 5 años, 10 partidos con representación parlamentaria han recibido un financiamiento público que la ley otorga para diversas actividades que, a todas luces, no han cumplido. ¿Alguno dedicó esos millonarios recursos a elaborar un plan contra la inseguridad ciudadana para insertarlo en su plan de gobierno? ¿Convocaron especialistas?, ¿realizaron mesas de trabajo?, ¿compararon nuestra realidad con la de otros países?, ¿investigaron el alto grado de corrupción que infesta a la Policía?

El que más recibirá a julio de 2026 será Perú Libre con S/10,7 millones y el que menos, el Partido Morado, llegará a los S/6,2 millones. La avidez por el control de ese dinero hace de los partidos un botín y la demostración más clara es que ninguno habría invertido un solo sol para al menos analizar desafíos impostergables como el combate contra el crimen.