En el penal el Frontón ubicado en una pequeña isla de 100 hectáreas, en el océano Pacífico, a 3.8 Km de La Punta, Callao, habitan aves y mamíferos marinos. Construido en 1917 durante el gobierno de José Pardo y Barreda, albergó delincuentes de alta peligrosidad y, luego, presos políticos.

El 18 de junio de 1986, en el primer gobierno de Alan García coincidiendo con el XVII Congreso de la Internacional Socialista, 375 inculpados por terrorismo se amotinaron en Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. Este último fue destruido y se supone que murieron 152 presos.

El problema central es el hacinamiento carcelario. Se tiene 98,127 reclusos mientras la capacidad existente es solo para 41,556 personas. El propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta situación urgiendo a tomar medidas para resolverla al 2030.

El gobierno, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, anunció la construcción del nuevo penal de El Frontón, para 2,000 internos de alta peligrosidad, aunque omite señalar que hay cinco penales en construcción, con las obras paralizadas en Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa, los cuales podrían albergar más de 12,000 internos.

Incluso el abogado Aníbal Quiroga afirma: ”la construcción del penal El Frontón es compleja, costosa y no tiene viabilidad”.

La construcción de penales, requiere una perspectiva de largo plazo. Se necesita de criterios técnicos, pero también de agilizar y dar viabilidad a procesos legales tanto en las fiscalías como en el Poder Judicial. Procesos y juicios por años y décadas solo profundizan la crisis carcelaria.