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Tal como van las cosas, el fujimorismo llevará la acusación constitucional y el pedido del desafuero del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al Pleno del Congreso de la República. Por lo tanto, haciendo cálculos sobre el reglamento, la bancada de Fuerza Popular necesita 13 votos a favor de su petición.

El fujimorismo requiere 69 votos exceptuando a los miembros de la Comisión Permanente, donde ocupa 15 asientos. Es así que sus 56 congresistas necesitan el respaldo de otras bancadas alineadas al mando del poder en el Parlamento. Ya tienen el sí de Yeni Vilcatoma, quien junto con el fujimorista Daniel Salaverry denunciaron al magistrado; por lo que quedan 12.

En el supuesto negado que el pedido de los parlamentarios Salaverry y Vilcatoma prospere en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta ahora no ha habido una bancada que respalde abiertamente la salida de Pablo Sánchez por haber incurrido en presuntas faltas a la Constitución en el manejo de la investigación del caso “Lava Jato”.

Sin embargo, tampoco se puede descartar alguna componenda de última hora en partidos políticos a los que les conviene desarmar el equipo del Ministerio Público para traerse abajo la institucionalidad y -consigo- sus investigaciones. Sobre todo, si apuntamos los reflectores a los miembros de sospechosas agrupaciones con pesquisa abierta en este campo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días para investigar al titular de la Fiscalía de la Nación, a quien -además de los recortes periodísticos en los que se basó Salaverry para llevar a Pablo Sánchez al Congreso y de los aportes de Vilcatoma en el plano jurídico- deberán probarle indicios de faltas voluntarias a la Carta Magna sobre su labor como responsable indirecto de las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht en el país.