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Esta semana debe definirse el futuro de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez deberá exponer ante el Poder Judicial los argumentos que sustentan que del arresto preliminar contra la excandidata presidencial se pase a la detención preventiva por varios meses, lo cual será una buena ocasión para que todos conozcamos qué tan sólida es la hipótesis del Ministerio Público.

En esta diligencia, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, podremos saber si, tal como dicen los fujimoristas, sus defensores y algunos abogados, la detención ha sido un exceso judicial con sabor a venganza política; o si, como afirman otras personas, el arresto de la hija mayor de Alberto Fujimori cumple al pie de la letra con todos los requisitos que ponen las leyes peruanas para privar a alguien de su libertad.

Si el Ministerio Público hizo en días pasados un pedido de detención contra Keiko Fujimori, el cual fue aceptado por el Poder Judicial, es de suponer que estamos ante evidencias muy sólidas de que Fuerza Popular es una organización criminal dedicada a la captación de fondos ilícitos, y que su lideresa estaba al tanto de todo. Si es así, sin duda el juez debería disponer la extensión de la detención. Pero si no lo es, el sistema de justicia quedaría muy mal parado, y eso no sería bueno para el país.

La justicia no puede ser usada para venganzas ni como un instrumento para salvar a quienes han delinquido. Los ojos del país están puestos en este caso, que puede servir para demostrar el rigor de un sistema judicial al que muchas veces se ha criticado, o para exhibir falencias que a todos nos hagan dudar de anteriores y futuras resoluciones o sentencias.