“Nada ahuyenta más a una cucaracha que prender la luz”, dice un viejo adagio oriental. Me acuerdo de esta frase luego que el Gobierno aprobara un proyecto de ley que penaliza a jueces y fiscales que filtren a la prensa información reservada. Es decir, que las investigaciones a autoridades y funcionarios públicos no salgan a la luz. Algo que evidentemente favorece al presidente Pedro Castillo y su entorno, inmersos en denuncias sobre presunta corrupción.

Uno de los mecanismos para identificar y perseguir a los corruptos es que los medios pongan su foco en personajes inmersos en presuntos delitos. Con el nuevo proyecto, esto ya no podrá suceder. Como en las épocas de dictaduras, se echa mano del analfabeto veto de la censura. Sin embargo, como me decía un profesor en la universidad, la  labor de informar de la prensa es como el agua. Pueden tratar de frenar el agua, pero a la larga encontrará un nuevo curso y seguirá recorriendo.

Si un Gobierno genera escándalos, no actúa ante la crisis económica y da claras señales de corrupción, no es culpa de la prensa. Negarse a que los medios tengan acceso a la información  de procesos fiscales y judiciales solo es una excusa para decir: “Estamos nerviosos y necesitamos ocultar los hechos que nos pueden traer grandes problemas”. Esto también nos convierte en un país errático.

Ya para nadie es un secreto que el Gobierno es un propalador de caos y crisis. Ahora parece que su única preocupación es sacarse de encima a los medios, que funcionan como un contrapoder. Su objetivo es no tener control hasta el fin de su mandato, sin importarle en qué condiciones llega.