El INPE y “GORO”

La liberación del delincuente chimbotano Rubén Moreno Olivo (a) “Goro”, sentenciado a 25 años de cárcel por participar en julio de 2010 en un atentado contra la vida del fallecido consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, es apenas una muestra del alto grado de descomposición en que se encuentra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuya cúpula ha sido removida por la irregular salida de este hampón.

El INPE es el eterno responsable del caos y desgobierno que existe en los penales del país, los cuales son un “bastión” de los elevados índices de inseguridad que padecemos los peruanos, pues para nadie es un secreto que desde las cárceles, incluso en las de “máxima seguridad”, se planean delitos de todo tipo, incluyendo asesinatos, atracos y extorsiones. Esta lamentable historia no es nueva; es parte del día a día del accionar del hampa en el Perú.

Es cierto que nuestros penales están hacinados y no dan para más. Pero el INPE es el responsable, desde hace muchos años, del ingreso de armas, teléfonos celulares para la extorsión, televisores, licor, drogas, mayólica para los baños VIP de los narcotraficantes e incluso de que haya existido una discoteca en Lurigancho. Son pocos los responsables de esta institución que dejan el cargo por la puerta grande, mientras muchos agentes han sido descubiertos en actos de corrupción.

Ahora, vemos que esta institución dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la responsable de que a “Goro”, pese a su condena firme de 25 años, se le haya dado arresto domiciliario tras cumplirse el plazo de una prisión preventiva dispuesta por otro caso que afrontaba. Nadie advirtió de la severa sentencia que pesaba en su contra. Como era de esperarse, cuando dejó el penal de Piedras Gordas -el 13 de junio último- el sicario desapareció.

Con un INPE putrefacto y tan fermentado como la “chicha canera” que se produce en los penales del país, no vamos a ninguna parte. Poco se podrá avanzar en la lucha contra el delito si nuestro sistema penitenciario suelta a delincuentes como “Goro” y no impide que se sigan ordenando crímenes desde dentro de las celdas. Se trata de una institución que debe ser refundada, pero hasta ahora ningún Gobierno tiene la voluntad política de hacerlo.