La decisión del juez de California de confirmar la detención carcelaria del expresidente de la República Alejandro Toledo, mientras afronta el proceso de extradición incoado por el Estado peruano para que sea devuelto a nuestro país y se realice su juzgamiento, podría contener elementos más que solamente procesales y que dejarían entrever asuntos de carácter sustantivo judicial. Lo voy a explicar. En primer lugar, para el juez, Toledo y sus abogados no han podido demostrar que no hay peligro de fuga. Al sostenerlo, lo que el magistrado estadounidense ha querido transmitir es que, en una eventual libertad bajo fianza, las posibilidades de que Toledo pueda evadir la justicia son muy altas. En EE.UU., las actuaciones de los jueces se hacen con el objetivo de ir plasmando la garantía judicial, en el sentido de que lo menos que se quiere es que el proceso quede frustrado. En adición, el juez ha formado criterio sobre algunos elementos que han venido orbitando alrededor del exmandatario y en los que comienzan a intervenir algunos puntos sensibles y de fondo propios del juicio principal de extradición. En otras palabras, en EE.UU., los jueces no deciden el arresto de las personas solamente por llenar las cárceles y producir, como en el Perú, el absurdo hacinamiento carcelario. Eso no. La justicia estadounidense no es caprichosa y, en consecuencia, toma muy en cuenta los criterios de probabilidad o de alta certidumbre para realmente privar a una persona de su libertad. La justicia en este país sabe apreciar el valor supremo de la libertad que está arraigada como valor supremo de la nación americana al imaginario colectivo de los EE.UU. desde su independencia de Inglaterra en 1776. Tengamos presente que el juez, en el mes de julio último, ordenó la detención de Toledo porque existe un cuadernillo de extradición. En esa ocasión, el magistrado concluyó en que había a priori razones de peso para detenerlo, y así lo hizo. Ahora, lo relevante para el juez es que el expresidente fue confirmado en la cárcel porque, a su juicio, debe mantener una relación de mayor dependencia con su despacho. Debo ser enfático en que todo lo anterior no debe significar que el juez haya dado luz verde para concretar la entrega de Toledo a las autoridades del Perú. Nada de eso; sin embargo, también es racional que pase lo contrario. Veremos.