En estas líneas no vamos a entrar a señalar si la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha cometido los actos de corrupción que ella misma admitió públicamente en mayo de 2019, sino a cuestionar que a ocho años de iniciada la investigación en que está inmersa, recién se vaya a iniciar el juicio oral que en tres años podría generar una sentencia en primera instancia.

Algo tiene que estar mal en nuestro sistema de justicia para que el llamado “plazo razonable” en que debe llevarse a cabo una investigación del Ministerio Público y el control de acusación por parte del Poder Judicial haya demorado ocho años. Y eso que hablamos de un “caso emblemático” que los limeños sienten día a día en sus bolsillos al pasar por cualquier caseta de peaje.

Acá solo caben dos alternativas, cada una más grave que la otra: o hay una ineptitud total en el sistema de justicia, sobre todo en el equipo especial del Ministerio Público que ha tardado ocho años en lograr el inicio del juicio oral; o por cuestiones políticas e ideológicas se ha estado protegiendo a la exalcaldesa de Lima.

Los procesos judiciales no pueden ser objeto de manoseos que no hacen más que echar sombras oscuras sobre su limpieza e idoneidad, como para que después los inculpados tengan la opción de alegar persecución política a fin de objetar las sentencias.