La inseguridad ciudadana no es solo una preocupación más. Es, con mucha diferencia, el mayor temor de los peruanos. Según Ipsos Perú, el 56% de la población considera que este es el principal problema del país. Y no es para menos. Robos, extorsiones, sicariato y bandas criminales se han convertido en parte del paisaje cotidiano. Ante esa realidad, la mayoría de ciudadanos —el 51%— esperaba que la presidenta Dina Boluarte anunciara un plan concreto y contundente en su reciente mensaje a la Nación. Pero no ocurrió.

Lo que se escuchó desde el estrado del Congreso fue un discurso lleno de generalidades, frases repetidas y cifras que no reflejan lo que se vive en las calles. La mandataria desperdició una oportunidad crucial: sintonizar con la angustia ciudadana, mostrar liderazgo, asumir el problema con realismo y proponer soluciones concretas. En cambio, eligió la ruta fácil del discurso burocrático, desconectado de los hechos.

La omisión más grave fue ignorar el crecimiento de las extorsiones, pero también ninguneó el número de homicidios. Desde que Boluarte asumió el poder, en diciembre del 2022, el país ha registrado cerca de cinco mil asesinatos. ¿Cómo puede hablarse de seguridad sin aludir siquiera a esta cifra alarmante? Enfrentar este último año de mandato con el mismo libreto ineficaz de siempre solo garantiza que la situación empeore.

El Perú necesita acciones, no promesas. Estrategias claras, no estadísticas maquilladas.