Mientras la campaña electoral se convierte en un reality de promesas recicladas, las lluvias arrasan pueblos enteros y hay crisis energética por falta de gas natural en el Perú. Y por si no fuera poco, la inseguridad ciudadana nos dispara en la cara todos los días.

Ya no se trata solo de transportistas extorsionados o pequeños empresarios obligados a pagar cupos para que no los maten. Ahora las balas alcanzan incluso a quienes, en teoría, deberían representar al Estado. Hace poco, el alcalde de Los Aquijes, Ica, Edward Amoroto Ramos, fue acribillado mientras supervisaba una obra. Veintidós días luchó en una UCI antes de morir. Poco después, en Coviriali, Junín, el burgomaestre Iroshi Ureta fue atacado por sicarios en motocicleta y falleció camino a Lima. Dos alcaldes, dos historias, un mismo mensaje: nadie está a salvo.

El país tiene nuevo presidente. José Balcázar ha asumido el mando en medio de la tormenta perfecta. Y, sin embargo, no hay plan, no hay estrategia, no hay siquiera un gesto que indique que la seguridad ciudadana es prioridad. La sensación es que el mandatario juega a la supervivencia política, contando los días hasta el 26 de julio como quien marca en el calendario el fin de un contrato incómodo. Gobernar parece ser un daño colateral.

El mandatario solo hizo la promesa que pronto anunciará el Plan Nacional de Seguridad para derrotar al crimen organizado. Lo mismo hizo José Jerí y nunca lo presentó.

El Perú se ha convertido en un territorio donde el crimen tiene más iniciativa que el Estado. Donde los sicarios se movilizan con más eficiencia que la Policía. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿cuántos alcaldes más, cuántos choferes más, cuántos peruanos más deben morir para que alguien en Palacio entienda que gobernar no es resistir, sino actuar?