Siempre abusivas y cada menos sorprendentes son las medidas de la cúpula militar que controla Birmania -oficialmente desde 1989 República de la Unión de Myanmar-, como la reciente, de despojar del cargo de jefe de Misión de ese país en el Reino Unido, al embajador de Kyaw Zwar Minn, por haber pedido la liberación de Aung Sam Sun Yi, activista emblemática de Birmania que ganara el reconocimiento de su pueblo por la defensa de los derechos políticos -su padre fue un descollante héroe del proceso de independencia de Birmania, asesinado cuando ella contaba apenas dos años de edad-, y que se encuentra detenida desde que se produjera el golpe de Estado el pasado 1 de febrero, encabezado por el general Min Aung Hlaing, denunciado ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos en su país, luego de defenestrarla del poder. Londres, que recibió en la víspera la comunicación del gobierno golpista de Birmania, a pesar de condenar la medida, no tenía otra salida que aceptar diplomáticamente la arbitraria decisión, dado que no corresponde a los Estados pronunciarse o intervenir en las decisiones propias de la soberanía de otros Estados con los que mantienen vinculaciones al más alto nivel político. La explicación de Londres ha sido que mantiene relaciones de Estado y no de gobierno y eso es correcto. Nótese que este caso es distinto al de Venezuela, a cuya dictadura, el Perú no reconoce y mucho menos a su “diplomacia”. Pero lo anterior, notifica al mundo acerca de la práctica represiva, draconiana y desconsiderada -el embajador Zwar Minn ha pernoctado toda la noche anterior en su auto-, que campea en este país de 54,4 millones de habitantes, ubicado en el denominado Sudeste Asiático, específicamente entre India, Bangladesh, Laos, China y Tailandia, y que cuenta a su población, mayoritariamente budista, además de más de 100 etnias. Es verdad que es la tercera vez en su historia contemporánea que soporta un golpe militar -antes sucedió en 1962 y  1988-, mostrando al país con una institucionalidad política completamente vulnerable. Por esta razón, la ONU debería ponerle mayor atención -el Consejo de Seguridad, revisarlo-, dada la montaña de denuncias de violaciones de derechos humanos imputadas a los militares tiranos.