Debe ser un mito que la bancada de Fuerza Popular esté unida. Ahora con la última renuncia de Patricia Donayre, quien quiso darle un vuelo de decencia a la reforma electoral, se puede decir que Keiko Fujimori no establece el control pleno de sus miembros por, tal vez, falta de igualdad de trato entre sus miembros.

Antes de que Donayre abandone el exprimidor naranja fue Yeni Vilcatoma quien se apartó de Fuerza Popular por discrepancias con Héctor Becerril, excompañero de bancada, a quien acusó de haber petardeado la comisión de Fiscalización y Osaías Ramírez (hermano de Joaquín Ramírez), del propio grupo político, por sabotearle la presentación de una ley para la creación de la Procuraduría.

Vilcatoma salió antes de un proceso disciplinario, tan igual como lo hace Donayre. Pero, hay un tema cuestionable tanto para la renunciante como para la acusada de arbitrariedad, en este caso Keiko Fujimori. La parlamentaria dice que una persona que no es legisladora no puede presidir la bancada. No le falta razón, pero por qué decirlo ahora y no cuando se reunía con el grupo encabezado por su lideresa.

En los partidos hay diferentes voces, pero en algunos como en Fuerza Popular creíamos que se ejercía la militancia. Es decir, pese a las desavenencias internas, sus miembros terminan por ejercer un voto deponiendo sus intereses por los de la agrupación. Sin embargo, en cuestiones ideológicas, como la postura frente al aborto o la decencia política, algunos suelen sobreponer sus ideas por las del grupo. Este podría ser el caso de Donayre.

Fuerza Popular está constituido por un gran número de invitados, personajes que utilizaron al fujimorismo como un vehículo para tomar el poder en el Congreso de la República. Pero, así como llegaron justificando los medios, como Galarreta, Alcorta, Salaverry, Vilcatoma y Donayre, fácilmente pueden alejarse. De los dos primeros ya sabemos de qué pie cojean en política.

Por lo tanto, la unificación de la bancada de Fuerza Popular es solo una leyenda urbana que se ha escrito en base al fujimorismo de los noventas, cuando sus parlamentarios se sometían de manera voluntaria -y también económica- a las decisiones del gobierno de Fujimori. Ahora los tiempos han cambiado y vemos que, a diferencia de la década cuando se compraban conciencias, ahora existen legisladores que no permiten injerencia política en lo que ellos creen lo correcto.