El C.E. Nuestra Señora de Fátima es un colegio femenino emblemático de Piura, equivalente al centenario San Miguel de varones. Sus miles de alumnas estudian en aulas prefabricadas de madera mientras, al lado, el edificio de concreto es un monumento a la desidia y la travesura del empresario privado confabulado con el funcionario público negligente. Por no decir más. Si en ese edificio abandonado hubiera una plaquita, pequeña nomás, con el nombre y la dirección del dueño de la empresa constructora y esta estuviera en Piura, los miles de padres de familia de ese colegio ya lo hubieran linchado. 

De esas plaquitas necesitamos que el gobierno de PPK coloque en todas y cada una de las obras que se ejecuten tras la destrucción de El Niño 2017. Seguramente el Gobierno dirá que las empresas locales son pequeñas, que no tienen capacidad económica para obras de gran envergadura. Pues que se consorcien, porque si bien tampoco los locales tienen que ser garantía de honestidad y eficiencia, cuando menos pondrán en juego, además, su prestigio y permanencia en el negocio. Los otros simplemente se mandan mudar, o desaparecen, porque son empresas que solo se constituyeron para aprovechar el río revuelto, estafar y evaporarse. Ni a quién irle a llorar. Tenemos derecho a desconfiar. 

En las obras de prevención precisamente de este desastre se “limpió” el cauce del río en un manejo a control remoto, desde Palacio de Gobierno. Humala-Nadine le encargaron los proyectos técnicos al Ejército y una sola persona manejó los contratos de toda la inversión en ríos, canales y drenes de Piura y Tumbes. Todo desde Lima. Aquí solo fuimos testigos de cargadores frontales y volquetes moviendo tierra. A todos les fue bien, seguro, menos a quienes esa obra debía beneficiar, los ciudadanos de la región Piura. Está bien la cláusula anticorrupción en todos los contratos, pero no está de más, por si acaso, el arraigo local de a quiénes iremos a visitar si las cosas no salen bien.