Recientemente, el Congreso de la República aprobó la ley 31996, denominada “ley que promueve el ingreso a la carrera publica magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados por aplicación de la resolución de Secretaria General 2078-2014-Minedu” ello, a pesar del sonoro, abultado e inmediato rechazo que esta iniciativa generó en la sociedad civil y en el propio Ministerio de Educación, por considerarse un misil que afectaba directamente el corazón de la meritocracia. También, a pesar de que en sentencias previas del Tribunal Constitucional (Ex.0021-2012-PI/TC) se señala que “..no existe justificación para la aplicación de leyes derogadas posterior a su vigencia (aplicación ultractiva) ni la vigencia de la teoría de los derechos adquiridos, en razón a que, de acuerdo a los artículos 102 y 103 de la Constitución, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y las situaciones jurídicas existentes y no tienen fuerza ni efectos retroactivos (teoría de los hechos cumplidos)”. Pero, más allá de este tema puntual, es bueno que demos una mirada más profunda e integral al problema estructural que mantenemos en el ámbito del magisterio nacional y sinceremos el sistema de “contratación” de este personal. Según el propio Ministerio de Educación, en el país registramos 416,025 docentes que prestan servicios en la educación básica publica, de los cuales el 53% se encuentran incursos en la carrera publica magisterial y gozan de todos sus beneficios y 47% son contratados “temporalmente” para cubrir plazas vacantes, con menores salarios. Así las cosas, nos queda reflexionar, reconociendo que el magisterio nacional agrupa al mayor número de servidores públicos que cualquier otra entidad estatal en el país: ¿Merecen reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo? Sin duda que sí, pero también debe comprenderse que es necesario que rindan cuentas a la sociedad del adecuado uso de nuestros recursos y se sometan a una formación y mejora continua que pueda ser medida a través de un adecuado proceso de evaluación integral. Finalmente, el interés y fin supremo de nuestro sistema educativo nacional debe ser el estudiante y no el clientelismo laboral o sindical.