El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, manifestó que posiblemente la próxima semana se ponga a debate la ley sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular a sentenciados en primera instancia. El Pleno la aprobó en julio pasado y necesita una ratificación en una segunda legislatura. El problema es que el plazo para ello vence el 28 de setiembre y si no se define este tema, los condenados por delitos dolosos podrán candidatear en las elecciones del 2021.

Con frecuencia, los congresistas han gritado a los cuatro vientos que hay que dar golpes certeros contra la corrupción. Muchos sostienen que es momento que sus discursos se hagan realidad. Sin embargo, esto es incierto. Se supo que seis bancadas respaldarían la iniciativa legal, pero hay grupos que no lo harán, pese a que la primera vez la aprobaron.

Hay congresistas que han puesto mucho gesto en los debates. Es hora que en esta coyuntura tan especial sean coherentes. De lo contrario lo más relevante de todo lo que prometieron no habrían sido los conceptos sino el ruido. De lo contrario, políticos que realizaron actos delictivos podrán llegar al Gobierno o al Congreso y probablemente la corrupción seguirá discutiendo su supremacía en el Estado.