El octavo mandamiento, no mentir, implica vivir según la verdad. Tristemente vemos un entramado de mentiras que posterga nuestro desarrollo y denigra nuestra dignidad.
No hay verdad cuando se generan escenarios críticos de supuesta insostenibilidad institucional para cambiar las reglas de juego. En realidad, las reformas de política y justicia (aprobadas por el Congreso), trasladar la inmunidad parlamentaria a la Corte Suprema y adelanto de elecciones no son la solución para la inseguridad, los conflictos sociales, la pobreza, la reconstrucción del norte, la reactivación económica, mejorar la educación, salud y los verdaderos problemas del país. El adelanto de elecciones, más que beneficios, genera un precedente nefasto para nuestra democracia y crea incertidumbre que ahuyenta las inversiones.
No hay verdad en nuestro sistema de administración de justicia cuando se fija un criterio por la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, fiscal supremo, respecto de la prisión preventiva, y cuando se trata de Keiko Fujimori, este no se aplica, ganando la presión mediática a la administración de justicia y los propios precedentes aplicados a otros justiciables. No hay verdad cuando se lucha contra la corrupción y se avala las mentiras de una empresa corrupta que administra información según sus intereses, los fiscales “Lava Jato”, el procurador, con el pretexto de saber la verdad, han firmado el convenio que le ha permitido a Odebrecht seguir operando en nuestro país, vender sus activos, ganar más dinero, a cambio de medias verdades, lamentablemente avalado por el Gobierno, sectores de la prensa y opinólogos.
Es una burla al país, posible advertencia y chantaje al Ejecutivo la denuncia a ex primer ministro Villanueva luego que ya no es parte del Gobierno, autodenominado de lucha contra la corrupción. ¿Qué buscan? Será el pago de S/524 millones producto de la venta de Chaglla. Ello puede calificarse de labor eficiente de los “fiscales héroes”. El acuerdo con Odebrecht ha ocasionado la denuncia penal únicamente del procurador que intervino en el citado acuerdo, por perjudicar los intereses del Perú. Los fiscales también lo hicieron y les correspondería igual responsabilidad, El país debe saber la verdad. ¡El octavo, no mentir!