La violencia criminal no da tregua. Mientras las balas vuelven a cobrar vidas en distintos puntos de Lima y las familias viven con el temor de convertirse en la próxima víctima, los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan atrapados en una disputa por la delegación de facultades. El problema no es que el Congreso fiscalice al Gobierno. Esa es una función indispensable en democracia. El problema aparece cuando la discusión política termina convirtiéndose en una demora que el país no puede permitirse. La inseguridad no espera acuerdos, negociaciones ni cálculos políticos. Cada día de retraso tiene consecuencias concretas en las calles.

El país está cansado de disputas y enfrentamientos mientras la delincuencia gana espacio. La seguridad ciudadana no puede convertirse en otra batalla entre poderes del Estado. El enemigo está en las calles y la respuesta debe estar en instituciones que trabajen coordinadamente.

Por eso, Ejecutivo y Legislativo tienen una responsabilidad que trasciende sus diferencias. El Gobierno debe explicar con claridad qué medidas pretende adoptar, con qué recursos y en qué plazos. El Congreso, por su parte, debe evaluar esas propuestas con rigor, pero sin convertir la fiscalización en un obstáculo para las respuestas que la ciudadanía reclama

Cuando la violencia se cobra vidas, discutir indefinidamente deja de ser una opción. El Perú necesita menos peleas y más resultados.

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