La inseguridad ha dejado de ser una preocupación para convertirse en una emergencia nacional. Los peruanos ya no solo observan con temor las estadísticas de criminalidad; ahora son testigos cotidianos de hechos cada vez más violentos y alarmantes que evidencian la incapacidad del Estado para garantizar algo tan elemental como la protección de la vida.

Hace poco, durante una actividad por el Día del Padre en Villa El Salvador, Keiko Fujimori afirmó: “Hemos derrotado al terrorismo, la hiperinflación y ahora vamos a derrotar a la delincuencia”. La virtual presidenta de la República tiene claro que la lucha contra el crimen será la principal exigencia de la ciudadanía. Durante años se han escuchado promesas, anuncios y discursos, pero el país ha llegado a un punto en el que las palabras ya no bastan. Ha llegado el momento de las decisiones y de las acciones concretas.

La sensación de indefensión crece porque los delincuentes parecen actuar con absoluta impunidad, mientras las respuestas de las autoridades resultan insuficientes.

Por ello, el país no puede seguir atrapado en la incertidumbre política. Es fundamental que los organismos electorales culminen cuanto antes el proceso de proclamación de resultados para que el nuevo gobierno asuma plenamente sus responsabilidades y empiece a trabajar en la solución de los problemas urgentes que afectan a la población. La seguridad ciudadana no admite más dilaciones ni excusas.

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