El Congreso que acaba de asumir funciones y ha elegido a María del Carmen Alva (AP) como su presidenta durante su primer año de vigencia, es el llamado a servir de freno a cualquier intento del Poder Ejecutivo de imponer políticas que atenten contra la legalidad y el bienestar de los peruanos que han llevado al gobierno a un partido que se define como “marxista leninista”.

En principio, la conformación del nuevo Congreso obligará al presidente Pedro Castillo a buscar consensos y aproximaciones con otras fuerzas. Solo así podrá poner a caminar su gobierno. Es lo que han ordenado los electores con sus votos, que no han dado mayoría al lápiz ni a sus aliados de Juntos por el Perú y el Partido Morado.

Si no es así, el Congreso tiene que jugar un rol preponderante en defensa de la legalidad y como freno a las arremetidas totalitarias y antidemocráticas que ha adelantado el propio Castillo durante su campaña, en que ofreció una ilegal asamblea constituyente y desaparecer entidades públicas, todo esto sin el menos sustento técnico.

El Congreso es la esperanza de que el gobierno de Perú Libre no hará lo que le dé la gana con el país, y de que pondrá orden ante los embates de los lápices que se sienten empoderados, quizá porque en su ADN está el desconocer eso que se llama equilibrio de poderes y que es bastión de la democracia.

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