La vacancia de Dina Boluarte inició algo más que una crisis política. Generó un vacío de poder en el Ejecutivo que fue inmediatamente ocupado por el Parlamento. Este, en una situación de excepcionalidad, asumió la designación de presidentes, además de participar en la conformación de los gabinetes ministeriales a los que luego deberá otorgar o negar la investidura. El mismo poder que nombra es el que legitima, el que decide y el que controla. Todo en uno. ¿Dónde quedó la separación de poderes a la que se refiere el artículo 43 de la Constitución? Este circuito configura una peligrosa anomalía funcional. No estamos ante una dictadura clásica, pero sí frente a una concentración del poder parlamentario que, en nombre de la transición, sustituye los equilibrios propios de una democracia representativa. Más aún cuando las mayorías al interior del Congreso se reparten los espacios de decisión en el Ejecutivo, imponiendo un sistema de protección política con el estilo mafia. La situación se agrava porque el Congreso que hoy concentra estas funciones carece de legitimidad social y política. Las encuestas reflejan niveles históricos de desaprobación, lo que convierte esta transición en un proceso políticamente frágil, sostenido más por la necesidad que por el consenso. Nos encontramos en el tramo más crítico del calendario democrático. En seis semanas tenemos elecciones generales cuyo resultado es incierto. El país debe atravesar este nudo institucional sin que la excepcionalidad se transforme en regla ni la transición en captura del poder como está sucediendo. Superar esta etapa exige contención, transparencia y garantías mínimas que permitan llegar al proceso electoral sin que el Parlamento, en su intento de concentrar y repartirse prebendas, termine cayendo en sus propios abismos y ocasione más daño al país y a la democracia.