Esta semana escalaron las protestas por el peaje de Puente Piedra ante la reiterada intención de instalarlo por parte de la concesionaria Rutas de Lima. Claro, ellos cumplen un contrato. Pero ¿y las autoridades? ¿Van a esperar a que pasemos de los animales muertos a fallecidos con DNI para parar esto?

Si al Estado le tiembla la mano para detener de oficio todos los negocios que Odebrecht habilitó en el Perú a base de actos comprobados de corrupción, por lo menos podría apelarse, en el caso de la concesión “Vías Nuevas de Lima”, a la facultad del concedente para poner término unilateral al contrato (cláusula 17.7), o cuando menos podría evitarse la instalación de ese peaje a través de una renegociación del contrato de concesión. ¿No se hace todo el tiempo en las concesiones peruanas? ¿O solo los privados tienen agallas para plantear renegociaciones?

Nada tendría de malo renegociar un contrato que partió de la improvisación y el apresuramiento, sin descartar la corrupción. Y eso, en gran parte, es culpa de la anterior administración de la Municipalidad de Lima, que encontró el salvavidas de colgarse de una iniciativa privada para poder mostrar algo de obra. Porque que iba a haber problemas era tan evidente que el concesionario hasta se aseguró de incluir la extensa cláusula 9-7 del contrato, específicamente para blindar el peaje de Puente Piedra. ¿Nadie lo advirtió en el lado público entonces? ¿Y nadie se responsabiliza hoy?

Por cierto, ¿la MML tendrá idea de cuánto ya ha recuperado el concesionario con los cobros realizados en los peajes ya transferidos? Hablamos de los de mayor recaudación de todo el país. ¿Sabe si recuperará su inversión en menos tiempo que en el cual se le otorgó? En suma, ¿será tan importante instalar ese peaje, que hoy parece imposible?

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