El pedido de Alan García

La decisión del expresidente Alan García de ingresar a la casa del embajador de Uruguay en Lima y pedir asilo argumentando que es objeto de persecución, quizá lo libere de ser investigado y, de ser el caso, procesado judicialmente por el escándalo “Lava Jato”. Sin embargo, políticamente quedará muy golpeado al no haber cumplido con los requerimientos de la justicia, luego de afirmar que no objetaría el arraigo de 18 meses que le impuso el Poder Judicial.

Eso de allanarse por escrito al pedido de impedimento de salida del país efectuado por el Ministerio Público y luego sostener públicamente que para él no era problema permanecer en el Perú, para horas más tarde pedir asilo en la sede diplomática de Uruguay, es algo que perseguirá al exmandatario por mucho tiempo, por más que los apristas sostengan que la solicitud de protección diplomática fue a iniciativa del partido ante su inminente detención.

Pero las consecuencias negativas de su decisión no solo caerán a nivel político sobre el propio expresidente García, sino también sobre el Perú, pues se está poniendo en duda la independencia de poderes y a la democracia misma. Esto es imperdonable. ¿O es que acaso vivimos en una dictadura donde el Presidente decide quién va preso y quién queda libre? ¿Alguien podría pensar que estamos en una situación como la que se vivió luego del 5 de abril de 1992?

El expresidente García debió afrontar a la justicia como lo están haciendo todos los investigados por presuntos actos de corrupción en el marco del caso “Lava Jato”, a diferencia del prófugo Alejandro Toledo, aquel que desde la placidez de Palo Alto, California, insiste con el cuento de la “persecución política” porque se “tumbó” al fujimorismo en el año 2000, lo cual ya parece una burla a la inteligencia de los peruanos, cuando todos sabemos de la coima de los 20 millones de dólares.

A propósito, habría que preguntar a los que defienden el pedido de asilo hecho por el líder aprista al gobierno de Montevideo, qué habrían dicho si Toledo, Ollanta Humala o Susana Villarán hubieran hecho lo mismo. ¿Los hubieran respaldado bajo el argumento de que son perseguidos políticos? Lo dudo. Estarían exigiendo que respondan ante la justicia, de la misma forma en que hoy se le pide a quien fuera dos veces presidente del Perú.