Me parece muy bien que el Perú haya resuelto recibir a un grupo de personas que huyen de la violencia descomunal desatada por el Estado Islámico en el Medio Oriente. Si todos los países del mundo están alistándose en actitud solidaria, la respuesta de nuestro país no podía estar exenta de la noble medida internacional.
La justificación está en el carácter humanitario de las circunstancias que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional de los refugiados, supone un derecho superior que debe ser atendido por la sociedad internacional. El objeto de recibirlas está en brindar un alivio a quienes por los conflictos sufren y es preciso garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad.
La medida es de carácter soberano, es decir, ningún Estado está obligado en conceder refugio y no hay que olvidar que tiene un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del propio Estado que es, en primer lugar, en relación de asistir a su propia población y luego a las foráneas como sucederá excepcionalmente con los migrantes. Todo está muy bien, pero es necesario que se adopten las medidas que aseguren de que quienes será beneficiados sean grupos humanos pacíficos que no representen ningún peligro y el gobierno debe tener la certeza de que así será, no vaya a suceder que pudieran aprovechar las circunstancias e ingresen en nuestro territorio secciones extremistas.
Otorgar refugio a familias podría ser lo más adecuado y con el debido seguimiento de su desplazamiento en el país. Somos un país con un alto índice de inseguridad ciudadana y tenemos razones sobradas para ser cautos.