El Perú ha cruzado una línea muy peligrosa. Lo ocurrido en las últimas horas —el ataque armado durante un espectáculo del grupo Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos y la emboscada violenta sufrida en Puno, por Phillip Butters, conocido periodista y precandidato presidencial— son señales inequívocas de que la criminalidad escala niveles y ya ha penetrado todos los espacios de la vida nacional. El delito ya no se confina a los márgenes urbanos o al transporte, avanza sobre el entretenimiento, la política y hasta sobre instituciones que deberían simbolizar seguridad y orden. Estamos en una guerra no convencional, una guerra interna en la que las armas del crimen organizado se mezclan con la incapacidad, la corrupción y la debilidad del Estado. La delincuencia no teme, se desplaza con impunidad, desafía a las fuerzas del orden y pone a prueba la estabilidad democrática y las elecciones. Hoy el crimen no solo roba, extorsiona o mata: gobierna territorios, impone miedo y condiciona conductas. Es, en los hechos, un Estado dentro del Estado. El país necesita una estrategia integral, que no se limite al accionar policial. Se requiere coordinación entre los poderes públicos, las Fuerzas Armadas, la justicia, los gobiernos locales y la sociedad. La criminalidad es un fenómeno económico, social y político que exige una respuesta multiforme y sostenida. El silencio o la improvisación fortalecen al enemigo. El núcleo del problema es la visión fragmentada y reactiva del Estado frente a un fenómeno estructural que ya se comporta como un poder paralelo. Si no reaccionamos con la fuerza de la ley y la unidad nacional, el Perú terminará perdiendo no solo la seguridad, sino la libertad misma.