El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hecho público ayer está dentro de lo que podía esperarse de una entidad con un inmenso sesgo ideológico que flaco favor hace a la muy necesaria defensa de los derechos humanos, sin ninguna distinción. Eso de calificar de “masacre” o de “ejecuciones extrajudiciales” a la respuesta del Estado ante la violencia generada por el golpe de Pedro Castillo, quita seriedad y objetividad al trabajo de levantamiento de información efectuado en nuestro país.

Es evidente que hay casos que deben ser investigados por el Ministerio Público, tal como viene ocurriendo. Incluso desde enero último la presidenta Dina Boluarte, premier Alberto Otárola y algunos exministros están bajo el escrutinio de la Fiscalía de la Nación, tal como debe suceder en cualquier país civilizado ante la muerte de ciudadanos durante protestas callejeras, algo que no ha pasado, por ejemplo, con el exmandatario Pedro Castillo por los fallecidos durante su gestión.

Esta misma voluntad del Ministerio Público por llegar a la verdad y hallar responsables, debería manifestarse al momento de investigar a las cientos de personas que los peruanos hemos visto atacando con piedras, palos y fuego a locales de propiedad pública y privada, y agrediendo a las fuerzas del orden, incluso en pleno Centro de Lima. Sin duda, estas acciones dejaron de ser una legítima protesta y cruzaron la línea para entrar al terreno del delito. ¿Alguien puede dudar de eso?

Tenemos sedes del Poder Judicial y comisarías quemadas, y ataques a aeropuertos como los de Ayacucho, Arequipa y Juliaca, algunos de los cuales quedaron inutilizados. ¿Quién que intente meterse a pedradas a una pista de aterrizaje para impedir operaciones aéreas puede ser considerado un “manifestante pacífico”? Lo mismo va para los que toman una carretera y apedrean un ómnibus con pasajeros, o impiden el paso de vehículos de emergencia. Pese a todo, insisto, cualquier exceso individual debe ser investigado y sancionado.

Es bueno destacar que a pesar del sesgo del informe, la CIDH admite que el 7 de diciembre del año pasado Castillo decidió disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público “fuera de los procedimientos constitucionales”, con lo cual deja sin piso a los que dentro y fuera del país, de forma alucinante y desde una realidad paralela, insisten en considerar al profesor recluido en Barbadillo aún como “presidente”, cuando en verdad es un vil golpista que tiene que responder a la justicia por sus delitos.

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