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Mientras las tensiones arrecian en la clase política, ayer la lideresa de Fuerza Popular y cabeza de la oposición, Keiko Fujimori, fue detenida. El argumento del Poder Judicial es que existen fundados elementos que la involucran con un caso de lavado de activos por presuntos aportes a su campaña de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Los que salieron a defender a la excandidata presidencial hablan de venganza, de violación al derecho de la defensa, de persecución política y hasta de golpe de Estado, dejando entrever que hay otros poderes involucrados en esta decisión judicial. Se manifiestan más desde su enojo personal y partidario que desde lo institucional. Es evidente que no se puede ser mesurado en el dolor.

Por supuesto, algunas personas han apoyado la decisión judicial. Sin embargo, afirmar que existen intereses políticos en pugna en esta medida y que este es un espacio de confrontación más entre el Gobierno y el fujimorismo es muy precipitado. Este caso no significa que los buenos están de un lado y los malos de otro.

Esperamos que la administración de justicia realice su trabajo y que emita una decisión sin presiones ajenas y sin tomar como referencia la coyuntura política. Al final se puede estar de acuerdo o no, pero se debe respetarla.

Es cierto que el país seguirá siendo un escenario de confrontaciones y disputas; sin embargo, hay que ser prudentes y saber reconocer el valor de la institucionalidad.

Todo el Perú espera que, en el más breve tiempo, las presunciones se confronten con los hechos para que se sepa toda la verdad.