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Son terribles las críticas del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sobre las marchas y contramarchas en el proceso de incautación de bienes del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia. Calificar de incoherente la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho genera un juicio también sobre el propio sistema de justicia.

Desde el campo social, puede que tenga razón Rodríguez al señalar que este tipo de decisiones legales, de desalojar a la familia Humala-Heredia y en menos de 24 horas darle una tregua de 30 días, no le hacen nada bien al Poder Judicial. Sin embargo, dicha manifestación pública termina por cortarle el piso a uno de sus magistrados.

El primer fallo de Carhuancho no deja de ser controversial, al no considerar el bienestar de los hijos de la pareja procesada por presunto lavado de activos por el caso Odebrecht. No obstante, más cuestionable puede ser la falta de firmeza en su decisión, lo que coincide con Duberlí Rodríguez, quien muchas veces ha blindado a magistrados por sus resoluciones.

Ahora bien, si se comenta que la decisión del juez sobre la suspensión de la incautación de la casa de los Humala-Heredia se había tomado el pasado lunes a las 2 de la tarde, y que recién fue notificada cuando la pareja ya había abandonado el inmueble, estamos frente a un craso error de la propia institución que dirige Rodríguez.

Si esto ocurre con un exmandatario, ni nos imaginamos cómo opera la administración de justicia en procesos de menor relevancia por su interés público. Creemos que el titular del Poder Judicial debería también revisar su gestión y evitar este tipo de inconvenientes que, como él mismo afirma, dañan la imagen de la entidad.