Al escribir esta columna, el cómputo electoral no había concluido. Las tendencias preliminares mostraban fortaleza de opciones locales y de izquierda en el sur, avances de Podemos y un mapa territorial que exige mirar más allá de las marcas nacionales. Hablar de desapariciones partidarias sería prematuro; reconocer la autonomía política regional, indispensable.

Los gobiernos regionales son actores políticos muy relevantes. Reducirlos a brazos ejecutores del Gobierno nacional sería desconocer nuestro modelo de descentralización. Al mismo tiempo, esa misma descentralización ha sido limitada e insuficiente en el desarrollo de capacidades para resolver los problemas que el territorio exige, donde sobrevive el que más presiona al gobierno central y al centralismo de Lima.

El Ejecutivo parece dedicar demasiada atención a su vecino de la avenida Abancay, a pesar de que una parte decisiva de su interlocución política estará en las regiones: allí se construyen adhesiones, se acumulan agravios y se mide la presencia efectiva del Estado.

En este escenario, las nuevas autoridades territoriales tienen una oportunidad para renovar la relación entre ciudadanía y gobierno. Necesitan pasar del discurso a la ejecución, fortalecer equipos, ordenar prioridades y asegurar que cada proyecto responda a necesidades reales. Su cercanía con la población les permite identificar urgencias, aunque no garantiza buena gestión. Allí se jugará su legitimidad: en servicios que funcionen, inversiones pertinentes y resultados verificables. Por ejemplo, aprovechar bien las obras por impuestos, priorizar las continuidades y priorizar estrategias que no se queden en estudios y/o papeles.

Conviene mirar ese mapa con respeto y anticipación. El Perú que reclama, produce y espera siempre ha estado ahí.

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