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En una espada de Damocles puede convertirse el proyecto de ley aprobado ayer por la Comisión de Constitución del Congreso, cuyo interés real es -camuflado bajo el argumento del fortalecimiento de la institucionalidad partidaria- cercar el ganado y castigar a los congresistas que tengan desavenencias con su partido de origen, lo que llaman transfuguismo.

Quienes han aprobado dicho planteamiento de Fuerza Popular están actuando sobre la marcha, cuando lo ideal sería que los propios partidos políticos escojan mejor a sus postulantes al Poder Legislativo. ¿No correspondería mejor incluir este tema en la adecuación de la Ley de Organizaciones Políticas, como una especie de norma interna?

En este dictamen tan duro se propone que “los congresistas que se retiren o renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos” no pueden integrar ni formar un nuevo grupo en el Parlamento, ni tampoco ser elegidos en comisión ordinaria ni en la Mesa Directiva del Congreso.

Dicho esto, ¿cómo quedan los electores que emitieron un voto preferencial a favor de un candidato al Congreso? Pues también son castigados porque, sencillamente, su voz tampoco podrá ser escuchada en el hemiciclo al no tener el respaldo de alguna bancada. ¿De eso se trata la representación democrática en el primer poder del Estado? Creemos que no.

Consideramos que este proyecto de ley restringe las libertades de las personas en cuanto a opinión e ideología, de tal manera que sancionar a un parlamentario que decide no pertenecer más a la bancada que lo llevó al escaño es una situación de peligro que también correrán los electores. El debate debe continuar. 

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