El presidente del Tribunal Constitucional debe renunciar

La reciente nota de prensa del Tribunal Constitucional del Perú que desarrolla la insólita posición de su presidente, Ernesto Blume Fortini, a propósito del constitucional planteamiento de cuestión de confianza presentado por el Poder Ejecutivo en la persona del presidente del Consejo de Ministros (Art. 133°), sobre la base de 5 puntos específicos, a mi juicio, ha traspasado el límite de las prerrogativas que como magistrado y sobre todo como presidente de un tribunal dirimente cuenta el sistema jurídico-político de nuestro país y por tanto, debe renunciar. 

Lo voy a explicar. La teoría de la separación de poderes del filósofo Carlos de Secondat, Barón de Montesquieu, es uno de los mayores legados de la Ilustración del siglo XVIII y se convirtió en un baluarte para la eficaz gobernanza de los Estados, sobre todo luego de la Revolución Francesa de 1789, en que fue defenestrado Luis XVI, el último exponente del denominado Antiguo Régimen. 

En las democracias desarrolladas, es totalmente impensable que el presidente de un tribunal constitucional, penal, civil, etc. efectúe una intromisión al proponer un ensanchamiento en el tratamiento de las reformas constitucionales y hasta un anillo completamente ajeno al ámbito de su actividad jurisdiccional, como es el respetable y político Acuerdo Nacional, cuando las reglas para abordar dichas reformas están consagradas en la propia Constitución de 1993. 

Por alguna razón, existen diversos mecanismos en la Carta Magna sobre las vinculaciones entre los poderes del Estado y que han contemplado que las diferencias, roces, enfrentamientos, fuegos cruzados, etc. son realmente parte del modus operandi de nuestra democracia, por lo que, no debiendo sorprenderse, el ensanchamiento que ha soltado califica como un claro adelantamiento de opinión que, por hacerlo, lo descalifica y con su punto de vista -es un juez-, seguramente sin proponérselo, ha expuesto al propio tribunal que preside, debilitándolo. 

Tengamos presente que nuestro sistema político cuenta con un ordenamiento jurídico que funciona, y muy bien, alejándonos de las sociedades anarquizadas, de los pueblos de la barbarie o de los Estados fallidos. No forcemos fórmulas para hechos que ya están en la Constitución.