En las últimas semanas, el Ejecutivo publicó 112 decretos legislativos al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso. El nivel de los decretos dista mucho entre unos y otros, y ello muestra la premura con la que hubo que trabajar. Si bien es importante rescatar el esfuerzo realizado, es necesario resaltar que la labor por lograr simplificar los procesos, sacudir al Estado, volverlo más eficiente, acercarlo al ciudadano y destrabar las inversiones, recién empieza. El Ejecutivo tiene que empezar ahora con el diseño de los reglamentos, y es ahí donde el esfuerzo demostrado puede trabarse y el objetivo de lograr la simplificación y la desregulación complicarse. Los DL no entrarán en vigencia hasta no ser reglamentados.

El objetivo principal de las políticas públicas debe ser lograr que los ciudadanos accedan en igualdad de oportunidades a servicios de educación, salud e infraestructura de calidad. Uno de los principales problemas que enfrenta el Perú es la gran brecha de infraestructura existente. Para lograr ejecutar grandes proyectos de infraestructura es necesario pasar por un proceso de saneamiento físico-legal de las propiedades. En muchos casos, la demora en estos procesos es la razón por la que dichos proyectos se paralizan. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Chinchero o la ampliación de la carretera Ramiro Prialé.

Uno de los decretos legislativos que hay que resaltar es el que crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP). Este es una unidad de apoyo llamada en inglés “Delivery Unit”. El objetivo de los “Delivery Units” es inyectar mayor capacidad de gestión en el Ejecutivo en temas puntuales y mejorar los procesos y sus resultados. Estas unidades buscan identificar dónde se generan los cuellos de botella y articularlos con los procesos de planificación, formulación de presupuesto, logística, gestión de recursos y de la información, para poder corregir lo necesario y lograr sacar adelante los proyectos. El objetivo de un “Delivery Unit” es resolver sobre la marcha y acabar con la burocracia que paraliza al Estado, logrando de esa manera que la población sienta que el Estado resuelve y ejecuta correctamente. El APIP ha tomado las herramientas de Cofopri para el saneamiento físico-legal y esperamos que cuente también con la eficiencia que tuvo Cofopri en sus primeros años.

El primer paso está dado. El liderazgo para que los proyectos comiencen a moverse es crucial. Por ello, mientras menos instancias entre el APIP y el ministro con poder de decisión, mejor.

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