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El partido de ayer de la selección peruana motivó que el pleno del Congreso adelante sus sesiones. Una de las principales normas aprobadas por unanimidad (92 votos a favor) fue aquella que modifica el artículo 57 del Código Penal, la cual amplía la prohibición del beneficio de la suspensión de pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la mujer. En definitiva, la propuesta de la congresista María Melgarejo es una medida dura e inflexible contra los abusos de los violentos.

Mientras esta iniciativa legal ha tenido el consenso de todos, no pasó lo mismo con lo aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Solo con el voto de los integrantes de Fuerza Popular se declaró procedentes las denuncias presentadas por los legisladores Yeni Vilcatoma y Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez.

Esto ha generado enfrentamientos y mucho ruido, algo nocivo en estos tiempos de crisis y descrédito de la clase política. Definitivamente, todo esto deja para mejores tiempos la voluntad de neutralizar la impaciencia de la gente que quiere soluciones a sus problemas del día a día y que sean ya.

Al fiscal se le acusa de no tener interés de investigar a las empresas peruanas vinculadas a Odebrecht, bajo el rótulo de “omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.

Para el oficialismo y congresistas de otras bancadas simplemente esta acción es parte del agresivo plan de derrocar ministros y bloquear a todo funcionario de entidades públicas que ponga en tela de juicio al fujimorismo.