“Presentan protocolo. Aprueban protocolo. Incumplen protocolo.” Últimamente se me hace que mucho de lo que leo contiene la palabra “protocolo”.

Como mencionaba el economista González Izquierdo en una entrevista, el hecho que se permita la reanudación de actividades en algún rubro no significa que todos los trabajadores de dicho rubro podrán hacerlo; pues la complejidad de los protocolos oficiales acarrea costos que solo algunas empresas podrán asumir.

Es de mi opinión que, son precisamente las empresas que sí cuentan con la capacidad de adherirse a los protocolos oficiales, las que de todas formas habrían creado sus propias normas de salubridad (así no estuvieran forzadas a hacerlo).

Yo veo, con los protocolos, una potencial traba para la reactivación económica. Hoy hay millones de trabajadores esperando a que se publique algún protocolo del Minsa para que puedan empezar sus actividades. Esta espera puede generar un tapón; un cuello de botella que–potencialmente– podría ahogar todas las buenas intenciones de reactivación.

Miremos ahora al sector informal, que conforma el grueso de nuestra economía. ¿Dónde queda este importante segmento de nuestra PEA acá? ¿Qué clase de incentivos generan estos protocolos para quienes no tienen la capacidad de cumplirlos? Es muy difícil exigir y hacer el seguimiento al cumplimiento de una serie de criterios uniformizados en una economía informal. Gran parte de la que, además, ya viene trabajando hace semanas a espaldas del gobierno –operando bajo sus propias pautas–, porque necesita dinero en sus bolsillos para alimentarse.

Sí, sería ideal ideal que todos los peruanos que trabajan pudieran adherirse a los protocolos. Quienes pueden lo harán. Quienes no, intentarán trabajar a como dé lugar. Es la eterna brecha entre el papel y la realidad.