La propuesta de utilizar las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Reserva (BCR) para cerrar brechas sociales no es una alternativa viable; es una receta para el desastre financiero.

Es fundamental entender que el BCR no es un apéndice del Gobierno Central. Su autonomía es el pilar que nos ha permitido navegar décadas de inestabilidad política sin caer en la hiperinflación. Las reservas no son ahorros de libre disponibilidad; son un seguro de solvencia que protege el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El Artículo 84° de la Constitución prohíbe al BCR conceder financiamiento al Tesoro Público (salvo la compra de bonos en el mercado secundario con límites estrictos).

Usar los fondos del BCR para financiar gasto público —como sugiere el candidato Alfonso López Chau— generaría desconfianza a los mercados, inyectar dinero sin respaldo generaría inflación inmediata, perjudicando a los más pobre. Además, el país perdería su grado de inversión, encareciendo los préstamos.

El problema no son los fondos que tiene el BCR, sino la incapacidad de los gobiernos regionales, locales y el gobierno central para ejecutar el presupuesto de manera eficiente y sin corrupción. Para situaciones de urgencia o crisis tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal, que es un ahorro que custodia el BCR. Por ejemplo, durante la pandemia se usaron cerca de 5 500 millones de dólares para mantener la estabilidad del país.

El reto de un estadista es reformar la gestión pública para que el dinero llegue a las obras. Pretender usar las reservas para el gasto corriente hipoteca el futuro del país a cambio de un alivio momentáneo y ficticio.