América Latina continúa en convulsión. Hace ya seis años, diciembre de 2013, Barack Obama calificó a la desigualdad de ingresos como “el desafío definitorio de nuestros tiempos”. Pero el desafío mayor sigue siendo la pobreza que se acrecienta en muchos países. La desigualdad no angustia, pero la pobreza sí. Ambas intrínsecamente relacionadas, la desigualdad de ingresos tiende a generar violaciones inaceptables de derechos, comparar nuestra situación económica nos lleva al desencanto y a la frustración con la política que abre el camino de la violencia. En Chile, la destrucción de la infraestructura de transportes no tiene lógica y profundiza las carencias de recursos. Luchar o agredir a quienes tienen más no es un paliativo. El Estado debe atender el bienestar del que tiene menos. Lograr una política económica enfocada en libertades y oportunidades, en derechos fundamentales que la Constitución pretende garantizar. Pero solo cuando se constatan las carencias, debatimos cuánto puede nuestro Estado ofrecer realmente a los ciudadanos. Y cuánto existe de institucionalidad democrática para dar voz a todos los sectores. El Perú, en etapa de recuperación de la cooperación entre poderes del Estado y entre políticos, espera elecciones para un nuevo Congreso. Es indispensable canalizar democráticamente las confrontaciones para no llegar a los estallidos sociales que pueden ser muy destructivos. Este es el desafío de hoy, que en la oferta electoral la cooperación tenga un espacio, que se entienda que el cuestionamiento irracional puede ganar votos, pero no soluciones. La política es conflicto, pero también puede ser consenso surgido del debate integrado con las posibilidades reales. Es el enfoque que esperamos para que esta etapa sea positiva. Que como se ha dicho en la CADE la clase dirigente, en la política y en la economía, se active para realizar las reformas indispensables que permitan que el Estado funcione y represente a todos. Debemos rescatar la política de su desprestigio.
