Opinión

​El reto de la fiscalía

Hay que tener en cuenta que Barata no tendría por qué mentir dada su situación jurídica

03 de Marzo del 2018 - 07:39

Tras las confesiones del corruptor Jorge Barata, le queda al Ministerio Público hilar muy fino para corroborar todo lo que ha dicho el personaje, pues desde un primer momento todos los intermediarios entre Odebrecht y los candidatos han salido a negar la receptación del dinero, quizá al sentirse muy seguros de que no hay más pruebas que los comprometan, más allá de lo dicho por quien fuera el hombre fuerte de la constructora brasileña en el Perú.

Hay que tener en cuenta que Barata no tendría por qué mentir dada su situación jurídica. Qué gana el hombre arriesgándose a acabar preso por tirarle barro sin razón a políticos peruanos a los que apenas conoce y a los que jamás volverá a ver en su vida. Qué podría tener el brasileño en contra de Alan García, Alejandro Toledo o Pedro Pablo Kuczynski, o a favor de otros a los que no ha mencionado como receptores de dinero.

Además, si bien todos han salido a tratar de desmentir a Barata, horas después de un primer comunicado, la Confiep ha tenido que reconocer que, en efecto, hizo una “bolsa” para tratar de frenar la candidatura de Ollanta Humala en el 2011, algo que el “gremio de gremios” tendrá que explicar. También se ha sabido que la casa de la calle Octavio Espinoza, en San Isidro, donde el brasileño afirma haber entregado plata para Keiko, es de la familia de un exministro fujimorista.

Es verdad que esto último es apenas un indicio, pero sirve para pensar que las versiones de Barata tienen mucho de verdad, y por eso el Ministerio Público debe esforzarse por confirmarlas, por más que quede claro que la corrupción y la sinvergüencería no dan factura. Sería muy grave que todo lo dicho hace unos días en Sao Paulo quede en nada por “falta de pruebas”. Esto significaría un golpe muy duro para el país.

Si Humala y su esposa están presos de manera preventiva es porque estamos ante delitos graves, que también habrían sido cometidos por los personajes mencionados por Barata. Los fiscales están en la obligación de verificar lo dicho en Sao Paulo, que parece ser cierto, para que los responsables puedan ser sentados en el banquillo con las evidencias suficientes. Lo otro sería cubrir las acciones con un manto de impunidad, lo cual sería nefasto para el Perú.

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