Las recientes protestas de mineros informales y artesanales en Lima y en el sur del país reflejan una creciente presión sobre el Estado para que ceda ante demandas que, lejos de promover la legalidad, buscan ampliar la informalidad. La toma de calles y carreteras, utilizada como mecanismo de chantaje, no puede convertirse en el camino habitual para moldear las políticas públicas a conveniencia de ciertos sectores.

El punto de quiebre es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que debía ser transitoria y excepcional, pero que hoy se intenta convertir en un salvoconducto indefinido para seguir operando al margen de las normas ambientales, laborales y tributarias.

Lo más alarmante, sin embargo, es la actitud condescendiente del Gobierno y del Congreso. Las reuniones del viceministro de Minas con representantes de la minería informal —31 de ellos, para ser precisos— y las promesas del congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, de presentar un proyecto de ley en favor de los manifestantes, evidencian una preocupante falta de firmeza institucional. Lo que debería ser un proceso técnico y legal se convierte en un juego político con alto costo para el país.

Es legítimo y necesario que el Estado promueva la formalización minera. Pero formalizar no significa ceder ante presiones ni diseñar normas a medida de quienes incumplen la ley.