En numerosas ocasiones, se ha advertido sobre la audaz injerencia de una ONG financiada desde el extranjero en los niveles más altos de decisión del Sistema Nacional de Justicia. Las recientes declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, han expuesto la fragilidad y la grave situación por la que atraviesa la neutralidad de la justicia en el país.

Apenas están saliendo a la luz las piezas que van completando este rompecabezas de relaciones, injerencias y usurpaciones. Las delaciones afirman la presencia de un lóbrego personaje, dotado de un agudo sentido del olfato para detectar “ilícitos” cometidos por sus enemigos políticos e ideológicos, dirigiendo y orientando a los fiscales, en las líneas y rutas de investigación. No era casual que esta ONG obtuviera primicias de las investigaciones que inmediatamente eran publicados, influyendo en la opinión ciudadana.

Ahora, se sabe la injerencia de fiscales en pleno proceso electoral, interviniendo convenientemente “con denuncias” contra candidatos a la Presidencia de la República.

Los líderes y partidos políticos afectados, están en todo su derecho de denunciar a los fiscales por el perjuicio sufrido. Sin embargo, y aquí radica la reflexión del presente artículo, es oportuno que los líderes públicos busquen el bien común. De poco o nada vale cambiar un fiscal por otro, cuando lo que está en cuestión es la injerencia y contaminación de la imparcialidad e idoneidad del propio sistema de justicia. Restablecer la justicia es ese bien común, es aquel bienestar que se consigue superando el bien particular.