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El miércoles último, el presidente Martín Vizcarra aprovechó el 90 aniversario de la reincorporación de la heroica Tacna al Perú para demostrar, a grito pelado, que se ha tomado muy en serio esa idea que alguien le han vendido en el sentido de que “la voz del pueblo tiene que ser escuchada” y que por eso urge exigir, de manera “no negociable”, el adelanto de elecciones a fin de acortar por un año su mandato y el del Congreso que tenemos.

Más allá de lo que le recomienda su asesor experto en campañas y no en gobiernos, el Mandatario debería darse cuenta de que siempre es bueno escuchar a la calle y mirar los domingos las encuestas; pero es un gran error suponer que ahí están las bases y los argumentos suficientes como para tomar decisiones de gobierno. Los sondeos de opinión deben ser apenas un ingrediente más para el análisis político previo a la adopción de medidas trascendentales.

Un presidente no puede hacer política de Estado en función de lo que grita la calle o de lo que dicen las encuestas del momento. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori se hizo muy popular; pero acababa de patear la Constitución. Hoy, por ejemplo, la gente exige pena de muerte para violadores. ¿Acaso eso se va a aprobar? Cuando un hampón es capturado en la calle, quienes pasan por ahí no hacen más que pedir que lo maten. ¿Tendría que hacerse caso a la “voz del pueblo”?

En el Perú existen instituciones y leyes que deben ser cumplidas. Una de ellas establece que el mandato del presidente (o de sus vicepresidentes en caso lo reemplacen) y de los congresistas es de cinco años, por más que al cabo de uno, dos o tres años, a los ciudadanos ya no les gusten las personas que eligieron de manera libre y supuestamente responsable. En un país civilizado e institucionalizado, no mandan la calle ni el griterío, sino la voluntad popular expresada en las urnas.

Bien haría el presidente Vizcarra en aprovechar la coyuntura para hacer docencia en esas calles que tanto le gustan, a fin de comenzar a decirle a la gente que -le guste o no- sus actuales autoridades políticas fueron elegidas por ellos mismos y no les fueron impuestas; por lo que no deberían estar pensando en botarlas antes de tiempo, sino en asumir los errores cometidos frente a las urnas en 2016 y pensar en hacerlo de una mejor manera en los siguientes comicios, es decir, en 2021.