La mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) aprobó la ponencia que desestimó la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea y de esta forma avaló la disolución del Congreso, lo que ojalá, en el mediano o largo plazo, no traiga consecuencias nefastas para la democracia peruana.

La alta temperatura política que dominó los últimos, meses producto del cierre del Parlamento, parece que ha tenido un punto final. Se puede estar de acuerdo o no, como es nuestro caso, se puede continuar el debate y la polémica al respecto, pero el respeto por las instituciones y el estado de Derecho debe prevalecer.

En tiempos de un insoportable clima de irrespetuosidad, acatar este fallo será importante para demostrar que el país es serio y sensato. Es evidente que algunos convertirán esto en una oportunidad para el beneficio de su propaganda política, pero esperamos que sean los menos.

El presidente Martín Vizcarra ha dicho que el TC, “máximo intérprete de la Constitución, ha cerrado este capítulo”. Es momento que el mandatario evite ser parte de los conflictos políticos y que esté a la altura de las expectativas de la población.

Además, tiene que ser autocrítico y debe cumplir los objetivos tantas veces prometidos en beneficio de la gente. En este país lleno de urgencias ya no valen las excusas.