Opinión

El tramo final.

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

09 de Julio del 2019 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Estamos en los últimos días dedicados a la aprobación, por parte del Congreso, de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo. La fecha tope es el 25 de julio y por lo visto existe la intención de la Comisión de Constitución de poner sobre la mesa los cambios a la Carta Magna. Son modificaciones importantes y, por lo tanto, debe primar el debate y la reflexión para que al final del día la pretendida medicina no termine siendo peor que la enfermedad.

Lo señalo porque un primer intento de reforma, que consistía en desaparecer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) e implementar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha fracasado rotundamente, pues de los 104 abogados que se presentaron para integrar esta naciente institución, que deberá nombrar y evaluar a jueces y fiscales, ninguno cumplió los requisitos establecidos. Todos fueron eliminados y enviados a su casa.

Lo más grave es que este entrampamiento está provocando que jueces y fiscales cuestionados no puedan ser evaluados ni destituidos en caso sea necesario. Hoy, al no existir la JNJ, no hay forma de mover a nadie. Se quiso acabar con los magistrados vinculados a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, pero hasta ahora eso no se puede hacer. Finalmente, en la práctica, se terminó jugando a favor de la mafia que a todos nos ha dejado asqueados.

No olvidemos que la propuesta de creación de la JNJ fue objeto de un referéndum que contó con la aprobación de la mayoría de los peruanos en las urnas, luego de que el propio presidente Martín Vizcarra se convirtió en el gran promotor de esta iniciativa, que al menos este año difícilmente podrá ser concretada. Quizá se estén pagando los platos rotos de haber querido hacer las cosas sin el rigor y el tiempo necesarios.

Ante esta patética experiencia, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están en la obligación de actuar con cabeza fría para que no produzcan reformas a la diabla, con el afán de tenerlas listas como sea y evitar el cierre del Congreso u otras situaciones extremas. Se trata de cambios constitucionales para el largo plazo, y estos tienen que ser producto de un trabajo a la altura de los retos, y no de los calores propios de la política menuda.

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