La fiscal Marita Barreto atenta contra su propio prestigio -que tiene algunos lados oscuros por sus enjuagues con Sada Goray- cuando, sorpresivamente, incluye al juez Juan Carlos Checkley en las investigaciones a Patricia Benavidesy decide recusarlo.

Su actitud consolida esta idea de que el Ministerio Público es capaz de recurrir a todo para lograr sus objetivos, no importa si se opta por medidas fantasiosas, endebles o rotundamente débiles para embarrar al enemigo y someterlo a sus designios.

Checkley ha sido incluido por unos dichos de Jaime Villanueva que no lo implican directamente sino a través de triviales menciones de que terceros lo contactaban y sabían que tenía un tema pendiente de resolución que estaba dispuesto, presuntamente, a negociar con la fiscal de la Nación.

No hay un acto concreto, una reunión, una comunicación telefónica o un documento que implique al juez que, por lo demás, ha estado precedido de una conducta intachable y mostrado una probidad y un conocimiento que enaltece al PJ. Pero como para Barreto vale todo, había que incriminarlo, sin más pruebas que un sombrío testimonio, porque eso sirve para desacreditarlo públicamente y evitar el riesgo de que Benavides pueda volver.

Es cierto que Benavides no debe ser fiscal -como tampoco Vela, Pérez, Sánchez y más- pero el mecanismo para suspenderla debe ser absolutamente legal, no el verduguillo extraído del bolsillo andrajoso de un aprendiz de leguleyo que está dispuesto al furtivo cogoteo por la espalda y que deja a la víctima sin capacidad de reacción. Así, extrangulamos también la precaria institucionalidad que aún queda y que muchos defienden solo si es funcional a sus intereses.