Como se anunciaba, el vendaval “Lavajato” comienza a ser altamente destructivo de la clase política y -lo que es peor- de las instituciones. Toda la atención está centrada en la relación entre Odebrecht y los políticos. Nadie parece librarse. La gente espera que caigan los culpables y que no se produzca otro fiasco como el sucedido con Alejandro Toledo. Esta semana le tocó a Susana Villarán, quien aparece muy comprometida; mientras los seguidores de Keiko Fujimori le ponen la puntería al presidente Pedro Pablo Kuczynski, afectado por declaraciones sobre las consultorías que realizó para Odebrecht.
Y el fiscal de la Nación continúa en situación delicada, perseguido por los fujimoristas empeñados en defender a su lideresa y a su ex secretario general y financista. Y los magistrados del Tribunal Constitucional permanecen en riesgo de destitución. Las instituciones fundamentales están bajo fuego graneado, al igual que líderes y políticos que han perdido la confianza de la sociedad.
Si la corrupción ha alcanzado grandes alturas en los gobiernos de Toledo, García y Humala, hay también segundos y terceros niveles que deberán ser investigados con la mayor diligencia y oportunidad. Políticos y funcionarios públicos obligados a rendir cuentas. Como el Ministerio Público, a defenderse de los ataques no solo con argumentos constitucionales, especialmente con su diligencia para investigar a las empresas consorciadas con Odebrecht que también pudieron sobornar autoridades corruptas.
Si queremos acabar con la corrupción y con la impunidad, el espectro de los imputables es demasiado grande. Y el costo por daño moral, inconmensurable. Debemos estar conscientes del páramo que podría dejar este vendaval y también de que necesitaremos oponerle un frente moral de personalidades que podrían dar la cara y organizar la resistencia enfrentando las consecuencias de esta debacle que apenas comienza.