En menos de 48 horas, el Perú ha comprometido más de S/ 8,400 millones anuales que no tiene de dónde sacar. El jueves, el Congreso aprobó por insistencia la ley que eleva las pensiones de maestros cesantes y jubilados a S/ 3,500, norma que el Ejecutivo anterior observó por inconstitucional y sin sustento técnico. Luego, el viernes, el presidente José Balcázar anunció que promulgará la ley que otorga gratificaciones y CTS a los 350,000 trabajadores CAS.

Lo que ninguno explica es de dónde saldrá el dinero. La ley CAS demanda S/ 2,800 millones anuales. La de pensiones, S/ 5,600 millones más. No hay partida presupuestal asignada para ninguna de las dos. No hay fuente de financiamiento identificada. Solo promesas.

Pocas horas antes del anuncio de Balcázar, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, había sido categórico en señalar que lo ideal sería que el Ejecutivo observe estas normas. “Son un costo que debilitará al país”, advirtió, señalando que responden al populismo y no a evaluación técnica alguna.

El contraste es inocultable. Mientras la autoridad monetaria más respetada del país alerta sobre el desastre fiscal que se avecina, el Ejecutivo cede sin medir consecuencias. Gobernar no es repartir beneficios sin sustento. Balcázar y el Congreso hipotecan el futuro de todos los peruanos por un aplauso hoy.