Mientras la televisión está preocupada por las piedras de la Costa Verde y repitiendo las historias que la Policía crea sobre el caso Oropeza, las denuncias sobre el ilegal espionaje que venía realizando el Gobierno van tomando dimensiones gravísimas sin que a un sector del periodismo le genere preocupación alguna. Primero la campaña contra Castañeda que la defensa de la democracia.
Los miembros de oposición de la Comisión de Inteligencia han demostrado -como se afirmó en este diario y en la revista Correo Semanal al momento de hacer la primera denuncia- que el espionaje venía dirigido desde las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese entonces el presidente Humala y la censurada Ana Jara sostuvieron que se trataba del producto de agencias privadas. Nos mintieron, ocultando la participación del Gobierno en el seguimiento a políticos de la oposición. Este intento de encubrimiento los debiera hacer pasibles de una sanción penal.
Posteriormente se ha demostrado que los servicios de inteligencia del Gobierno estaban dedicados a preparar información para que la limitada bancada oficialista tenga argumentos con los que cuestionar a los congresistas de oposición. El uso político de los servicios de inteligencia -propio de las dictaduras y los gobiernos corruptos- para atacar a la oposición no ha merecido la preocupación del Parlamento que, como si nada pasara, ha suspendido sus actividades por la semana de representación.
Mientras la televisión se preocupa por las piedras en la Costa Verde y los congresistas siguen su vida sin escandalizarse por la gravedad de los hechos, el resto de la clase política hace sus aprontes hacia las elecciones del próximo año, sin pensar que con un servicio de inteligencia haciendo trabajo político los comicios del 2016 serán un festival de grabaciones y videos que terminará por destruir a nuestra aún débil democracia. ¿Quién dirige el espionaje desde Palacio de Gobierno?
