En el Perú, la relación entre el sector público y el privado es observada con desconfianza. Reuniones entre empresarios y funcionarios públicos suelen ser objeto de sospechas, cuando en realidad deberían ser espacios de diálogo necesarios para la construcción de un país más competitivo.

Esta criminalización de la colaboración no solo es injusta, sino contraproducente pues no permite conocer de primera mano el sentir del socio estratégico del estado. Es el empresariado quien enfrenta en el día a día las barreras que el Estado necesita derribar. Desde procesos burocráticos interminables hasta infraestructura deficiente, los empresarios no solo identifican los problemas, sino que también poseen una perspectiva práctica y soluciones innovadoras que el aparato público podría aprovechar. Ignorar esta visión es desperdiciar una oportunidad clave para diseñar políticas públicas más eficaces y aterrizadas en la realidad.

La colaboración entre ambos sectores no significa renunciar a la fiscalización ni a la transparencia. Construir espacios abiertos de trabajo conjunto, con objetivos claros y reglas bien definidas, puede ser la mejor garantía de que las decisiones tomadas respondan a las necesidades reales del país y no a intereses particulares.

En un contexto global donde los países que lideran en desarrollo económico y social son aquellos que fomentan alianzas público-privadas, el Perú no puede darse el lujo de seguir atado a prejuicios que solo alimentan la parálisis y la desconfianza.

Dejemos atrás el temor y optemos por el diálogo, la planificación conjunta y la acción coordinada. Solo así lograremos un Estado eficiente y un sector privado comprometido, trabajando hombro a hombro por el bienestar de todos los peruanos.