“En arca abierta hasta el justo peca”, es un aforismo popular que se remonta a la Biblia. La tentación es fuente de corrupción y, en el país, las normas son como el arca bíblica.

Casi todos los expresidentes de la República, de 1985 a la fecha, son acusados por la presunta comisión de delitos de corrupción: Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino. Son la excepción Valentín Paniagua y Francisco Sagasti.

De 25 gobiernos regionales del Perú, en 22 de ellos se llevan adelante investigaciones o procesos judiciales por presuntos actos de corrupción. En las municipalidades la situación es similar.

Que tantas autoridades ejecutivas sean investigadas por la comisión de actos de corrupción, es resultado de normas legales en la contratación de obras públicas complacientes con la corrupción, sobre todo el sistema de valorización final de las obras, el cual ya no se considera al momento de la licitación, sino que se va desarrollando conforme se avanza la obra. Es como si empezáramos a construir nuestra casa sin tener idea de lo que nos va a costar.

Mediante adendas, el costo final de la obra resulta multiplicado por 5 o más veces el valor inicial. Basta que los representantes de las entidades concedentes se pongan de acuerdo con los concesionarios y cuenten con el aval de los supervisores, para que se aprueben valorizaciones corruptas.

Los sistemas de control y la Contraloría General de la República, con limitadas atribuciones y escasos recursos, resultan ineficaces en el combate a la corrupción, en el marco de la Constitución Política del 1993 que lo permite.

Hay que modificar la legislación empezando por la Constitución Política, pues resultan siendo un “arca abierta, donde hasta los justos pecan”.