La toma de Lima, en respaldo a Pedro Castillo y contra la vacancia presidencial, fue una triste respuesta a la gran marcha del pasado 5 de noviembre, en rechazo al Gobierno y al gobernante. La confrontación violenta en las calles es parte del plan del Ejecutivo para mantenerse en el poder al precio de la sangre y de la destrucción de las instituciones. Que no hayan logrado su propósito no hace menos malsana su voluntad de anarquía sobre los escombros del estado de derecho que quisieran hacer desaparecer para evadir la justicia. No les importa el pueblo ni el país, menos aún el orden jurídico constitucional al que irrespetan cuando hacen cuestión de confianza sobre una ley ya validada por el Tribunal Constitucional. Desechan la democracia cuando alientan la toma física del Congreso, bastión de la representación nacional. Buscan el desorden, rodeados de gente tan malsana como el premier Aníbal Torres, misógino y retrógrado, con sus argumentos jurídicamente absurdos e insostenibles y sus ministros solícitos y complacientes. Quisieran reeditar la viciada disolución vizcarrista del Congreso, pero la “cuestión de confianza” no procede como bien ha sido señalado por altas autoridades judiciales, académicas y políticas. Pero no les importa. Quisieran desaparecer la Fiscalía de la Nación y dejar de lado al Tribunal Constitucional que consolidó la lehy que cuestionan. Su juego es el avasallamiento político en las antípodas de lo que solicitó Kurt Burneo en la CADE. Sin confianza no habrá inversión privada y nuestro crecimiento económico seguirá siendo incapaz de generar empleo cuando se anuncia una hambruna para el 2023. El Parlamento debe enfrentar seria y responsablemente esta planificación gubernamental y la OEA mostrar voluntad de conocer lo que realmente representa Pedro Castillo que conducirá al Perú, si no lo evitamos, hacia un estado fallido.