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En tiempos de crispación e inestabilidad, los políticos tenemos que ser muy responsables. Y es en estos momentos de crisis, donde más se debe respetar la institucionalidad democrática y los principios de un Estado Constitucional de Derecho.

La institucionalidad democrática permite la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el control del poder y frenar posibles abusos. Es un eje articulador que evitaría querer sancionar a un magistrado del Tribunal Constitucional por su voto en un proceso no concluido y suspender a otros por impartir justicia en el mismo. Evitaría querer destituir al fiscal de la Nación por la labor del Ministerio Público. Evitaría querer vacar a un Presidente de la República sin haberlo escuchado debidamente. Lamentablemente, lo que hemos visto el último viernes evidencia que el procedimiento iniciado contra el presidente Kuczynski no respeta el debido proceso parlamentario.

Los hechos nos muestran que el pedido de vacancia no se sustenta en ninguna recomendación de la comisión “Lava Jato”, pues este grupo de trabajo aún no ha culminado sus labores. Tampoco, en algún caso de flagrancia como el que vivimos en el año 2000. Por tanto, el Legislativo debió escuchar al Presidente antes de tomar cualquier decisión, a fin de analizar y contrastar sus argumentos y pruebas con el más alto nivel de diligencia que un proceso de este tipo exige. Asimismo, el Presidente estaba y está en la obligación de brindar explicaciones profundas y detalladas no solo al Congreso sino al país.

La historia nos está mirando. Los ciudadanos nos juzgarán por lo que hagamos o dejemos de hacer. Seamos responsables, pensemos en la institucionalidad y en el Perú.

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