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Expresamos nuestro enérgico rechazo a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en las instalaciones de IDL-Reporteros, luego de que este medio periodístico divulgara unos audios en los que se revela la manera en que un juez supremo, el presidente de la Corte Superior del Callao y tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura intercambian favores personales en un presunto tráfico de influencias.

Es evidente que el allanamiento del Ministerio Público se realizó sin la más mínima diligencia para estos casos. De esta manera, un fiscal y cuatro policías han abordado al medio de comunicación y a su director, Gustavo Gorriti, como si hubieran sido los autores de un delito, pasando de investigadores a investigados.

El Ministerio Público ha vulnerado la libertad de expresión e intentado transgredir el principio periodístico de proteger la fuente, como lo manifiesta el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, con quien coincidimos en la férrea defensa de la labor de los periodistas en una sociedad democrática.

Sin un documento imprescindible para cualquier intervención fiscal, como una orden judicial, lo único que ha conseguido la Fiscalía Anticorrupción es enviar un mensaje sinuoso al trabajo de investigación periodística. Si buscaba pruebas de la comisión de un delito, como el presunto tráfico de influencias de los magistrados y consejeros en cuestión, el canal correcto hubiera sido la colaboración del medio, mas no el uso de la prepotencia.

Invocamos al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a las entidades correspondientes, a rechazar este tipo de intervenciones y respetar la irrestricta libertad de expresión. De igual modo, a continuar con su trabajo en la lucha anticorrupción, sin que ello signifique silenciar al mensajero.